Las Lesiones por Arma de Fuego en El Salvador: Un Problema de Salud Pública.

La Violencia aparece como uno de los problemas más graves de las sociedades latinoamericanas. A fines del siglo XX ya era la primera causa de muerte en América Latina en las personas de 15 a 44 años de edad (OPS/OMS, 2003).

La OMS señala que, a fines del siglo XX, el 63% de los homicidios mundiales eran ocasionados por armas de fuego. En América Latina esta cifra sobrepasaba el 80% (Briceño-León, 2001). La tasa de homicidios en dicha región es, junto con la de África, aproximadamente tres veces más alta que las del resto de las regiones (OPS/OMS, 2003). Se estima que América Latina tiene la tasa específica de homicidios más alta del mundo; la misma es aproximadamente tres veces superior a la de África, cinco veces mayor que la de Norteamérica, Europa Central y Europa del Este, y cuarenta y ocho más alta que la del Oeste de Europa (EAP, 2004).

La tenencia y el uso de armas de fuego se consideran entre los principales factores responsables del aumento de los niveles de violencia. En algunas investigaciones se ha observado que las áreas con mayor número de armas presentan mayores tasas de homicidios por armas de fuego así como la presencia doméstica de armas de fuego para la autodefensa aumentan las probabilidades de ser una víctima de homicidio (Szwarcwald & Castilho, 1998; Briceño-León, 2001; Cardona et al., 2005; Peres &Santos, 2005).

En particular la tenencia y el uso de armas livianas y pequeñas es lo que se relaciona con los hechos de violencia en países con altas tasas de homicidio, como en países con tasas históricamente bajas. Se consideran armas pequeñas o livianas “aquellas que pueden ser usadas y transportadas por una o dos personas, por ejemplo las pistolas, revólveres, escopetas, rifles y ametralladoras pequeñas” (Desarme.org. 2002). Debido a su tamaño, fácil adquisición, bajo costo, durabilidad y facilidad de uso, en las últimas décadas se ha extendido el uso de este tipo de armas en el mundo, convirtiéndose en el vehículo de la mayoría de muertes y heridas en los enfrentamientos entre personas (Saín, 2003).

En El Salvador circulan unas 450.000 armas de fuego, el 60 por ciento ilegales, según el estudio “Armas de fuego y violencia” (PNUD, El Salvador 2003). El país tiene una tasa de 59.9 homicidios por cada cien mil habitantes en 2005, casi el 80 por ciento cometidos por armas de fuego. La mayoría de personas asesinadas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. La percepción de inseguridad también va en aumento, según una encuesta del periódico La Prensa Gráfica y ya se ha constituido en la principal preocupación de la ciudadanía, por encima incluso de la situación económica.

La violencia está imponiendo, además, un elevado costo a El Salvador, De acuerdo con las estimaciones efectuadas en ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador? (PNUD, El Salvador 2005), el costo de la violencia supone el 11.5% del PIB, un monto aproximado de unos US$1,723 millones. Este costo equivale a casi el triple del monto de recursos que se necesitarían para garantizar cobertura universal en servicios sociales básicos a la población salvadoreña, los cuales se estimaban en 4.3% del PIB en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003.

Del presupuesto correspondiente a 2002, el mayor porcentaje (59%) se concentró en los hospitales de segundo y tercer nivel, mientras una tercera parte se invirtió en el primer nivel, donde se realizan casi todas las acciones de carácter preventivo, además de las acciones curativas básicas. Esto implica, que el Sistema de Salud Salvadoreño atiende en forma teórica a un mayor porcentaje de población a través de Hospitales y Unidades Médicas Nacionales, quienes reciben los pacientes lesionados por armas de fuego. En este sentido la violencia golpea en forma directa a los Sistemas de Salud Pública así como a la Seguridad Social, lo cual indica que una parte de los recursos que pudieran asignarse al control y erradicación de enfermedades infecciosas y crónicas degenerativas que aquejan a la población se están invirtiendo también en el manejo de los casos producto de la violencia social.

Para el caso concreto de las armas de fuego, un estudio realizado en 2003 por la asociación de Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social (MESARES) el Hospital Nacional Rosales utilizó el 11.27% de su presupuesto anual (US$ 1,945,339.00) para la atención de pacientes con heridas por arma de fuego. Esta suma podría cubrir el funcionamiento de un hospital departamental por un año.

Asimismo el aumento en las lesiones por armas de fuego también implica la pérdida de años productivos del individuo. De acuerdo con los cálculos realizados y siguiendo la metodología de Lozano (1997), para obtener los Años Perdidos por Muertes Prematuras (APMP) se tiene que sólo en 1996 se perdieron cerca de 180 mil años de vida por causa de la violencia intencional (ver Cuadro 1). La mayor parte de años perdidos se debe a hechos principalmente en los que intervienen armas de fuego, mientras que las armas blancas y los traumatismos craneoencefálicos constituyen menos del 35 por ciento del resto de años perdidos, lo que se traduce en un déficit económico agregado al que se produce al gasto hospitalario.